Denuncian etnocidio en la región del San Juan

Tomado de https://verdadabierta.com/denuncian-etnocidio-en-la-region-del-san-juan/

La guerra entre ‘elenos’ y ‘gaitanistas’ cobró hace pocos días la vida de un líder social y una niña de diez años de edad. El temor de las comunidades negras es que esa confrontación se extienda y afecte a otras comunidades del sur del departamento de Chocó.

“Para acá, en la zona de Nóvita, Sipí e Istmina, se escucha que van a entrar. Es algo bastante impresionante, a uno le da como miedo ir a sus quehaceres al monte. Estamos acá… a la espera de Dios… de lo que pase. Es una guerra que se desató… sin fin, digámoslo así”, lamenta un lugareño del Bajo San Juan. Su voz expresa el miedo que siente su comunidad por la posible expansión de violencia, después de vivir varios días felices durante las festividades del fin de año.

En medio de los jolgorios decembrinos, corrió el rumor de que los actores armados ilegales que se disputan el control de la región del San Juan, en el sur del departamento de Chocó, dejarían a las comunidades pasar las fiestas en paz, dándole así un respiro a los pobladores al infierno que se desató a mediados del año pasado luego de la ruptura del acuerdo de no agresión que habían logrado la guerrilla del Eln y las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). (Leer más en: Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y En menos de un mes, el San Juan se volvió un infierno)

Según voces de la región, en junio del año pasado concluyó el pacto que establecía que el territorio de las Agc iba desde la parte urbana del municipio de Istmina hasta la región geográfica conocida como Los Remolinos de La Unión (municipio de Medio San Juan); y el del Eln se extendería desde la comunidad negra de La Unión (Medio San Juan), hasta la comunidad negra de Palestina (Litoral del San Juan).

Las comunidades no saben qué organización emitió el mensaje, si el Eln o las Agc, pero lo cierto es que respiraron algo de tranquilidad durante sus fiestas de fin de año con el silencio de los fusiles. Pero esa calma fue temporal: al despuntar el nuevo año las armas volvieron a activarse, dejando en el medio a las comunidades negras e indígenas del San Juan.

“En San Miguel, el 3 de enero en las horas de la mañana, se escucharon los primeros rafagazos en el monte, al frente del pueblo, al otro lado del río”, cuenta un poblador de esa comunidad, a quien por razones de seguridad se le omite el nombre. “La gente empezó a alarmarse y muchos de la comunidad al día siguiente empezaron a salir. Los que habían ido a pasar la temporada decembrina con sus familiares y que tenían proyectado salir mucho después, por los rafagazos, empezaron a salir desde el 4 de enero”.

La situación se agravó siete días después cuando guerrilleros del Eln llegaron hasta Paimadó La Rancha, corregimiento del municipio de Medio San Juan, que antes de la ruptura de los acuerdos de no agresión estaba controlado por las Agc. Los alzados en armas amedrentaron a la comunidad, obligaron a las familias a reunirse contra su voluntad en la plazoleta de lugar, mientras, según algunos habitantes, saquearon algunos bienes de las viviendas y negocios, y quemaron una embarcación.

Finalmente, se llevaron a Nilson Antonio Velásquez Gil, de 51 años de edad. “Ellos presumieron que era una persona que hacía parte de las Agc, pero según el testimonio de las comunidades de la región era un líder que había venido ejerciendo la labor del liderazgo históricamente en la comunidad”, explica un vocero de la región.

Cuatro días después, el cuerpo de Nilson Velásquez apareció sin vida en una playa del corregimiento de San Miguel.

Un día después del secuestro de Nilson, hombres armados de las Agc ingresaron al caserío de la comunidad de Paimadó La Rancha buscando a los guerrilleros, pero sin tener éxito. Lo que sí lograron fue que el miedo se profundizara entre las familias de la región, ocasionando un desplazamiento masivo hacia el casco urbano del municipio de Istmina.

Entre minas y armas

“Podemos afirmar —se lee en un comunicado divulgado el pasado 17 de enero por el Consejo Mayor de Acadesan— que las comunidades negras del río San Juan están cada vez más en alto riesgo de extinción física y cultural: es decir, hay un etnocidio en curso”.

El documento precisa que desde el comienzo de este 2022 las comunidades en la región del San Juan que pertenecen al consejo comunitario se encuentran en una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, entre las que se destacan “el confinamiento, la restricción de la libre movilidad, que impiden el acceso a bienes y servicios para garantizar el derecho al mínimo vital de las comunidades. Estas comunidades tienen muchas carencias en relación con los derechos económicos y sociales, que se ven agravadas por estos hechos”.

En el comunicado, las autoridades negras precisaron que, en un inicio, la comunidad de Paimadó la Rancha permaneció confinada por los hechos de violencia y la sospecha de presencia de minas antipersonal, de las que no se tiene certeza qué grupo las instaló, agravándose el panorama humanitario, pues les impidió “continuar las actividades de aprovechamiento de los cultivos de pancoger u otras actividades productivas” y con eso su alimentación se vio comprometida.

La situación forzó el desplazamiento de por lo menos 140 familias, equivalente a 298 personas, que se encuentran resguardadas en la sede del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) en Istmina ante la falta de albergues adecuados en ese municipio y en el de Medio San Juan cuentan con un albergue u otra infraestructura para atender a víctimas de desplazamiento masivo.

“Por esos hechos también sufrieron afectaciones las comunidades de Chaqui del municipio de Istmina y Calle Fuerte del municipio de Medio San Juan, dado los hechos presentados y la sospecha de minas antipersonales”, resalta el comunicado; por eso 16 familias (33 personas) de Calle Fuerte y otro tanto de Chaqui, del que no se tiene datos exactos, también se desplazaron a Istmina.

Líderes de la región resaltan que en esas condiciones de aglomeración les preocupa el incremento de casos positivos de Covid-19 y de síntomas gripales que, según la Comisión de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas de Chocó, ha cobrado la vida de once niños indígenas desde el pasado 22 de diciembre.

Tanto encontrarse con actores armados o minas antipersonal en los predios en los que trabajan estas comunidades negras ha ocasionado que dejen abandonadas sus fincas. Líderes de la región explican que en Dipurdú del Guásimo y San Miguel registran víctimas civiles. Además, las autoridades locales del corregimiento de San Miguel han identificado tres artefactos explosivos en predios de miembros de esa comunidad, pero las gestiones de desminado no tienen señales de empezar pronto.

“La gente dice: ‘Bueno, o nos atienden acá donde estamos o nos vamos para Istmina y la cabecera municipal de Medio San Juan, las autoridades verán qué hacen con nosotros allá. Va a llegar un momento en que la gente no va a aguantar”, anuncia, con desazón, un líder local.

Valeria y un sueño segado

En retaliación a la incursión del Eln en Paimadó La Rancha, el pasado 15 de enero, las Agc hicieron presencia en Dipurdú del Guásimo, territorio controlado por el Eln. Los ‘gaitanistas’ entraron haciendo tiros intimidatorios, sacaron a la comunidad de sus viviendas y la reunieron en la cancha.

Valeria Murillo, de 10 años de edad, fue víctima fatal tras esa incursión armada. “Llegaron a la casa de la niña —cuenta una voz de la comunidad—. La mamá de la niña bajó con la hija mayor al sitio de la reunión. En la casa se quedó el papá con Valeria. Hasta allí llegó un paramilitar a acosarlo para que asistiera. El poblador le dijo que esperara un momento mientras apagaba la estufa porque estaba calentando una comida y pensando en no correr el riesgo de que se le pudiera incendiar su casa.

En reacción a esa petición, el ‘gaitanista’ lo insultó y disparó hacia un lado de la casa con la intención de asustar al papá de Valeria. “Ahí el señor escuchó un grito: ‘Papi, me mataron’. La bala le atravesó el cuello a la niña. La niña sólo alcanzó a decir: ‘Papi, me mataron’”. Valeria soñaba con ser maestra de baile.

Aquel día también secuestraron al joven Juan Jesús Lerma Murillo. Al día siguiente, la comunidad encontró su cuerpo sin vida y con signos de violencia en una playa cerca al corregimiento de Dipurdú del Guásimo.

“Esto ha generado el confinamiento de al menos 1.400 personas”, se lee en el comunicado de Acadesan. De ser por la comunidad, también se hubieran desplazado, pero los ‘gaitanistas’ fueron claros en ordenar que no podían abandonar el lugar.

“El Ejército está muy cerca de Dipurdú —comentan en la región—. Está en un pueblo que se llama Isla de la Cruz y no entendemos cómo estando tan cerca no hay un accionar del Ejército frente a lo que está pasando en el territorio”.

Según Acadesan, el día en que apareció el cuerpo sin vida de Lerma “se presentó un nuevo hecho de desplazamiento forzado de la totalidad de la comunidad de Negría (Medio San Juan), aproximadamente 68 familias (alrededor de 260 personas), principalmente hacia las comunidades de Doidó (Istmina) y Chambacú (Sipí). Hasta el momento no se ha comenzado la atención de estas comunidades y nos encontramos en proceso de recaudar la información del censo de las víctimas. Estas comunidades no cuentan con combustible para movilidad, están sin comida y, por lo tanto, padeciendo hambre”.

Los líderes regionales son incisivos en reclamarle al Estado medidas preventivas y de protección colectiva que amparen a todas las comunidades que hacen parte del título colectivo de Acadesan, un reproche antiguo, pues han pasado más de dos años de iniciada la ruta de protección colectiva a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y casi cuatro años después del que el Juzgado de Restitución de Tierras de Quibdó ordenara implementar medidas de protección colectiva, pero hasta el momento las familias negras del San Juan siguen desprotegidas y en medio de una confrontación armada que parece no tener fin.

“Además de la responsabilidad directa de los actores armados, las instituciones civiles del Estado tienen responsabilidad por omisión e incumplimiento de sus obligaciones: esta tragedia es responsabilidad de ustedes, señores y señoras del Estado, que se han negado a cumplir lo establecido en la Constitución, que han preferido callar y ser cómplices, para proteger la comodidad de sus bien remunerados puestos de trabajo, para evitar las molestias que a veces genera defender los derechos”, sentencia el comunicado de Acadesan.

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