Reflexión sobre la situación de los trabajadores de la salud en el Chocó

Por José María Daza Sánchez

Existen algunas personas a las que han calificado como los gurús de la salud. Se les pregunta: ¿Cuál es la solución para ponerse al día con los salarios de los trabajadores de los hospitales y centros de salud del Chocó? ¿No hay una acción que obligue a los patronos, llámese Gobernación y Alcaldías que asuman el tema?

Estas entidades están dentro de la estructura administrativa de cada ente territorial. En el caso del renacido y en estado de defunción “Nuevo” Hospital San Francisco de Asís, pese a la intervención administrativa por parte de la SuperSalud, la gobernación es la responsable del mismo. En condiciones normales el presupuesto del mismo hace parte integral del departamento, por lo tanto, a pesar de la independencia administrativa, patrimonial y presupuestal, el gobernador tiene representación en la junta directiva.

Igualmente sucede con el Hospital Ismael Roldán Valencia. ¡Está dentro de la estructura del municipio de Quibdó!

Es inaudito que sus trabajadores tengan que vivir (?) en situación de hambre, humillación, sin que tengan derecho a recibir su “Mínimo Vital”

No puede ser que se deje al libre albedrío la existencia y funcionabilidad de los entes hospitalarios. No son dependencias satélites, tienen un superior responsable, ¿o es que solamente cuando tiene que tomarse la foto es que son parte de..?

¡No, esa displicencia de los gobernantes debe tener una responsabilidad! ¿Por qué Procuraduría no ha tomado cartas en el asunto? Claro que ellos, los funcionarios de esa Procuraduría, reciben su sueldo cumplido cada mes y no tiene que preocuparse por rebuscarse con los agiotistas un préstamo al 20% mensual o gota a gota, empeñando su salario, que reciben. Para esos funcionarios de cómodo sillón y oficinas con aire acondicionado no es importante que haya 600 o 700 familias aguantando hambre junto con sus familias, sus hijos, que se quedaron esperando su regalo de navidad o la muda de ropa para recibir el año o ahora los uniformes y textos para ingresar al estudio, a pesar de que en el momento en que necesiten sus servicios allí están.

Hace mucho rato existe jurisprudencia que ordena el reconocimiento y la obligación de pagar los salarios a los trabajadores de manera cumplida.

Sentencia T-500/00

DERECHO AL PAGO OPORTUNO DEL SALARIO-No importa modalidad en que se desempeñe el trabajo

REMUNERACION MINIMA VITAL Y MOVIL-Movilidad

Referencia: expedientes T-283063 y T-281997

Entre otras consideraciones la Corte Constitucional en este caso, señala:

“…La Constitución protege el derecho al trabajo en los artículos 25 y 53. El trabajo es según el Artículo 5o del C.S.T.: “toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo.” Es, pues, de la esencia del trabajo que sea prestado por una persona natural, que haya subordinación y salario.

  2. Generalmente esa relación laboral se expresa en un contrato de trabajo y dentro de éste también es fundamental que uno de los sujetos del contrato: el trabajador, sea una persona natural.

El artículo 22 del C.S.T. define el contrato de trabajo:

“1. Contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.

2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.”

Los elementos esenciales del contrato de trabajo los contempla el art. 23 del C.S.T. subrogado por el artículo 1o de la Ley 50 de 1990 que dice:

“1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuidad subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios

internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país, y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

3. No importa la denominación que se le de a la relación laboral. El contrato de trabajo es un contrato realidad

“… precisamente la relación de trabajo puede existir aun cuando las partes hayan dado una denominación diferente al vínculo que los une, por lo cual ha de atenerse el juzgador a las modalidades como se prestó el servicio, que no siempre surgen claramente del propio contrato, sino de otras pruebas” (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, 24 de abril de 1975, C.S.J. CLI, pág. 458). En la T-180/2000 la Corte Constitucional dijo que hay obligatoriedad de pagar salarios y prestaciones al trabajador sin importar la modalidad bajo la cual esté la relación laboral; la omisión en el pago del salario implica explotación del trabajador y ofensa a su dignidad. Dijo la Corte:

“El trabajo lleva implícito el derecho a obtener una remuneración como contraprestación por los servicios personales objeto del vínculo jurídico correspondiente (artículos 25 y 53 C.P.), no importa bajo qué denominación haya sido establecido aquél, pues el amparo estatal, que tiene rango de especial en la Constitución, se extiende al trabajo en si mismo, en todas sus modalidades”.

Sigue señalando la Corte:

“… la sentencia T-523/98, presentando la hipótesis de que cabría la tutela como mecanismo transitorio si en realidad se trata de reclamar derechos fundamentales respecto a un contrato de trabajo y no de prestación de servicios. Dijo:

“Por esa razón, la Corte en vigencia del principio contenido en el artículo 53 de la Carta Política, que consagra la primacía de la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales, y para la efectividad del mandato constitucional que ordena la protección especial al trabajo y demás garantías laborales, a cargo del Estado (C.P., art. 25), indicó que quien haya llevado a cabo una prestación laboral encuadrada dentro de una forma contractual de prestación de servicios”… podrá demandar por la vía judicial competente el reconocimiento de la existencia de la vinculación laboral y las consecuencias derivadas del presunto contrato de trabajo relacionadas con el pago de prestaciones sociales.”.

Con dicho propósito el interesado puede acudir a las vías procesales ordinarias laborales, en caso de tratarse de una relación derivada de una relación contractual, o a la contenciosa administrativa, cuando la vinculación emana de una relación legal, haciendo uso de los medios probatorios necesarios, a fin de demostrar la existencia de un “contrato de trabajo realidad”, esto es, la prestación personal de un servicio y la subordinación o dependencia durante la ejecución de la labor convenida, con las garantías procesales y sustantivas consagradas en el ordenamiento jurídico vigente, a fin de reclamar los derechos provenientes de la vinculación laboral.

Ahora bien, surge el interrogante acerca de la posibilidad de utilizar la acción de tutela como el mecanismo apropiado para hacer efectivo el reconocimiento de prestaciones surgidas de una presunta relación laboral.

Para definir lo anterior, cabe reiterar, en primer término, que el instrumento judicial de la tutela, consagrado en el artículo 86 de la Carta Política, constituye un mecanismo extraordinario de protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública y en algunas oportunidades por los particulares, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial que permita lograr esa protección o no la garantiza en forma eficaz e idónea, así como en el evento de que su uso transitorio resulte imperativo para evitar un perjuicio irremediable. “

5. Son el derecho al trabajo y los principios constitucionales de éste (artículos 25 y 23 C.P.) los que tutelarmente se protegen, luego para efectos de la prosperidad de la acción tienen una gran importancia saber que hay contrato de trabajo y que existe el salario ,así una y otro se designen de manera diferente en el contrato; porque, se repite, el contrato de trabajo es un contrato realidad, tanto que el artículo 24 C.S.T., subrogado por el artículo 2o de la Ley 50 de 1990 dijo: “Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

6. En la prestación de servicios personales se presume la relación laboral. La norma que decía lo contrario fue declarada inconstitucional. Era un inciso del artículo 2o de la ley 50 de 1990 que establecía:

“No obstante, quien habitualmente preste sus servicios personales remunerados en ejercicio de una profesión liberal o en desarrollo de un contrato civil o comercial, pretenda alegar el carácter laboral de su relación, deberá probar que la subordinación jurídica fue la prevista en el literal b) del artículo 1o de esta ley y no la propia para el cumplimiento de la labor o actividad contratada.”

En conclusión, se presume la relación laboral de la persona natural que en ejercicio de una profesión liberal presta un servicio a otra, recibiendo una remuneración o salario.”

Además, esta parte siguiente establece la relevancia del salario:

“7. El salario, para efectos constitucionales, es un concepto amplio que va mucho mas allá de la definición del Código Sustantivo del Trabajo. El concepto se integra con el Convenio 95 de la OIT, que considera que el “salario” para la protección judicial a su pago cumplido, debe integrarse con todas las cantidades que tienen origen en la relación laboral y constituyen remuneración (primas, vacaciones, cesantías, horas extras). Adopta esta posición la Corte Constitucional en la SU-995/99. Pero, lo que no puede admitir duda es que el salario sea elemento estructural de la relación laboral como pago por el trabajo realizado en subordinación laboral; porque de lo contrario se estaría dentro de la esfera civil o comercial.

8. El pago oportuno del salario es un derecho fundamental porque implica reconocimiento de la dignidad humana, del mínimo vital que puede concretarse en el libre desarrollo de la personalidad, del amparo de la familia, del reconocimiento de la igualdad y el orden justo. Y además, se relaciona con el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a la seguridad social. O sea, hay un cúmulo de disposiciones constitucionales que sirven de ayuda para garantizar el pago oportuno del salario y así se indicó expresamente en la SU-995/99.

9. Como regla general, la acción de tutela no procede para el pago de acreencias laborales, porque hay otros medios para hacerlo, pero cabe para proteger el mínimo vital del trabajador (T- 070/2000 que reitera jurisprudencias anteriores). Por esta última razón “…es posible ordenar el pago de derechos laborales en circunstancias excepcionales, en que se encuentra afectado el derecho al mínimo vital de la persona que impetra la tutela, que deben ser calificadas por el juez en cada situación concreta” (T-266/2000). Es por ello que excepcionalmente puede reclamarse el salario no pagado, ver T-182/2000.

10. En cuanto a la viabilidad de la acción de tutela para reclamar los salarios en mora, la Corte consideró que como hay otros medios judiciales de reclamo, la tutela solo prospera como mecanismo transitorio cuando se está ante un perjuicio irremediable que pone en peligro el derecho fundamental a la subsistencia y los demás derechos conexos, “en todos los casos en los que no se encuentre debidamente acreditado que el trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su trabajo”. (Pero lo anterior no significa que el perjuicio irremediable se agota en lo anteriormente expresado, puede haber otros derechos que mas allá de lo simplemente económico también constituyan perjuicio irremediable como sería por ejemplo la afectación al derecho a la dignidad).

En la T-253/94 se dijo respecto a la tutela como mecanismo transitorio:

“De acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 86 del Estatuto Superior, la tutela presenta como características    fundamentales la de ser un mecanismo inmediato o directo para la debida protección del derecho constitucional fundamental violado; y la de ser subsidiaria, esto es, que su implementación solamente resulta procedente a falta de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable [2].”

Y sobre el perjuicio irremediable en la T-225/93[3] se precisó:

“Para determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la inminencia que exige, en el caso que nos ocupa, medidas inmediatas; la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente; y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados. Con respecto al término ‘amenaza’ es conveniente manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral.”

En la misma sentencia se determina que es inminente lo “que amenaza o está por suceder prontamente”; que las medidas han de ser urgentes, es decir, “como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia”. Que el perjuicio se requiere que sea grave, “lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona”; y “que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”

11. En el tema concreto del salario protegido constitucionalmente por ser mínimo vital para el trabajador o su familia, la posición de la Corporación en la SU-995/99, fue la siguiente:

“La idea o principio que anima la garantía de percibir los salarios y las demás acreencias laborales, se asienta en una valoración cualitativa, antes que en una consideración meramente cuantitativa. Las aspiraciones del trabajador a un mejor nivel de vida, y las posibilidades de planear la distribución de sus ingresos, todo a partir de la asignación económica establecida en la ley o el contrato de trabajo, son razones que impulsan y respaldan al funcionario judicial para exigir del empleador un estricto cumplimiento de la obligación al pago oportuno y completo de la remuneración asignada a cada empleado.

Si bien ciertos criterios económicos permiten fijar un salario mínimo, como base ineludible para la negociación colectiva o individual del salario entre las partes de una relación laboral, ésta es una medición que no agota el aludido concepto de mínimo vital protegida por la Constitución, ni puede identificarse con él sin dar al traste con la cláusula del Estado Social de Derecho y desnaturalizar el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 Superior. En efecto, cada individuo que ingresa al mercado laboral -independientemente del estrato que ocupe-, recibe una retribución económica que, en principio, constituye la base de los gastos de manutención que plausiblemente espera cubrir y de las carencias que aspira superar. De ahí, que la idea de un mínimo de condiciones decorosas de vida (v.gr. vestido, alimentación, educación, salud, recreación), no va ligada sólo con una valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida”.

12. En lo tocante a la prueba, la sentencia SU-995/99 considera que la no cancelación de salarios es un perjuicio irremediable que afecta el derecho fundamental a la subsistencia “en todos los casos en los que no se encuentre debidamente acreditado que el trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las que provienen de su trabajo”. Y en la misma sentencia la Corte recuerda que se debe partir del principio de la buena fe, pero que el actor no queda exonerado de probar los hechos dentro de las orientaciones del decreto 2591 de 1991, especialmente de los artículos : 18 (restablecimiento inmediato si hay medio de prueba), 20 (presunción de veracidad si se piden informes y no son rendidos), 21 (información adicional que pida el juez), 22 (convencimiento del juez que exonera de pruebas adicionales).”

Así qué hay mecanismos que obligan al patrono, llámese hospital o ente territorial que obligan cumplir con ese MÍNIMO VITAL.

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Johny Watshon

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